Los dirigentes nacionales de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) manifestaron su preocupación por la grave situación financiera que enfrenta la institución, cuyo déficit se estima en $4.387 millones de pesos chilenos, cifra que podría comprometer el pago de los sueldos del mes de diciembre si no se gestionan los recursos necesarios con urgencia.
Según informó la Dirección Nacional del SAG, el escenario presupuestario es crítico, generando incertidumbre entre los trabajadores y motivando las movilizaciones que se mantienen activas en distintas regiones del país.
El Tesorero Nacional de la Asociación de Funcionarios del SAG (ASFUSAG), Luis Miranda, señaló que la situación requiere una respuesta inmediata del Ejecutivo, ya que “no solo está en riesgo el cumplimiento de funciones esenciales, sino también la estabilidad laboral de miles de trabajadores que sostienen el sistema sanitario y productivo del país”.
Miranda agregó que los funcionarios rechazan la propuesta presentada por la Dirección Nacional, argumentando que el problema financiero es estructural y no puede abordarse con medidas transitorias o parches presupuestarios. En la Región de Los Ríos, por ejemplo, se registra un presupuesto insuficiente de $3.400 millones, lo que refleja la magnitud del déficit a nivel nacional.
Desde ASFUSAG hicieron un llamado al Gobierno a asumir un compromiso real con la institución y sus trabajadores, advirtiendo que las pérdidas acumuladas —que superan los 4 mil millones de pesos— ponen en riesgo el funcionamiento del servicio y el cumplimiento de sus labores de fiscalización y control sanitario.
Finalmente, los funcionarios fijaron como plazo máximo hasta mitad de la próxima semana para obtener una respuesta concreta del Gobierno, antes de definir nuevas medidas de presión a nivel nacional.
En casos como este, las medidas que suelen tomar los funcionarios del SAG (y que ya se han visto en movilizaciones anteriores del sector público) incluyen:
Medidas posibles
- Paro nacional o suspensión de funciones administrativas, afectando temporalmente la atención al público y los procesos internos.
- Restricción de actividades críticas, como inspecciones sanitarias, certificaciones de exportación o control de fronteras, lo que genera presión económica y política.
- Manifestaciones y concentraciones públicas frente a las Direcciones Regionales o en el Ministerio de Agricultura.
- Marchas o protestas coordinadas junto a la ANEF u otras asociaciones del sector público.
- Difusión pública del conflicto mediante conferencias de prensa, comunicados o redes sociales para visibilizar el impacto del déficit.
- Paros progresivos o escalonados, si no hay respuesta en el plazo comprometido.