Actualmente la facultad recae exclusivamente en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por lo que el conglomerado apunta a que el Ministerio Público, como organismo autónomo, pueda iniciar acciones penales en caso de delitos económicos.
La medida surge luego de la reunión entre representantes de la Bancada con el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien señaló que la investigación podría demorar más de dos años. Agregan la experiencia de resultados en delitos económicos como de los productos avícolas, de farmacias o papel Tissue, donde la persecución de responsabilidades y sanciones no llenaron las expectativas de parte de la sociedad.
En ese contexto, el diputado independiente por el distrito 26, Héctor Ulloa, dijo que, «Sin duda las alzas de precios han perjudicado ostensiblemente a cientos de familias de nuestra región, es por eso que hemos presentado como proyecto de Ley la posibilidad de que no solo sea el fiscal nacional económico quien investigue estos delitos, si no que sea derechamente el Ministerio Público quien pueda fiscalizar e investigar».
El parlamentario argumentó que la FNE, «muchas veces no posee las atribuciones o competencias necesarias, ya que, de comprobarse, éstos son delitos graves que afectan a cientos de familias, y que por tanto, creo que merecen ser conocidos e investigados por la entidad pertinente», aseveró Ulloa.
Por su parte, el diputado independiente por el distrito 3 -e impulsor de la iniciativa-, Jaime Araya, dijo esperar que «El gobierno pueda patrocinar esta iniciativa, de manera tal que tenga la urgencia necesaria en estos tiempos en que hay muchas dudas flotando en el aire, respecto a que algunas empresas se estarían coludiendo para aumentar artificialmente los precios», puntualiza.
Actualmente la facultad recae exclusivamente en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por lo que el conglomerado apunta a que el Ministerio Público, como organismo autónomo, pueda iniciar acciones penales en caso de delitos económicos.
La medida surge luego de la reunión entre representantes de la Bancada con el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, quien señaló que la investigación podría demorar más de dos años. Agregan la experiencia de resultados en delitos económicos como de los productos avícolas, de farmacias o papel Tissue, donde la persecución de responsabilidades y sanciones no llenaron las expectativas de parte de la sociedad.
En ese contexto, el diputado independiente por el distrito 26, Héctor Ulloa, dijo que, «Sin duda las alzas de precios han perjudicado ostensiblemente a cientos de familias de nuestra región, es por eso que hemos presentado como proyecto de Ley la posibilidad de que no solo sea el fiscal nacional económico quien investigue estos delitos, si no que sea derechamente el Ministerio Público quien pueda fiscalizar e investigar».
El parlamentario argumentó que la FNE, «muchas veces no posee las atribuciones o competencias necesarias, ya que, de comprobarse, éstos son delitos graves que afectan a cientos de familias, y que por tanto, creo que merecen ser conocidos e investigados por la entidad pertinente», aseveró Ulloa.
Por su parte, el diputado independiente por el distrito 3 -e impulsor de la iniciativa-, Jaime Araya, dijo esperar que «El gobierno pueda patrocinar esta iniciativa, de manera tal que tenga la urgencia necesaria en estos tiempos en que hay muchas dudas flotando en el aire, respecto a que algunas empresas se estarían coludiendo para aumentar artificialmente los precios», puntualiza.