Una sesión especial se realizó este miércoles en el Senado, en el Congreso Nacional en Valparaíso, para abordar “la situación de violencia en la Macrozona Sur” y presentar una estrategia elaborada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric para hacer frente al denominado conflicto.
La instancia en la Cámara Alta contó con la presencia de las ministras del Interior, Izkia Siches, de Desarrollo Social, Jeanette Vega, del titular de la Segpres, Giorgio Jackson; además del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y de los gobernadores del Biobío, Rodrigo Díaz, y La Araucanía, Luciano Rivas.
Durante los últimos días se han registrado distintos episodios de violencia en la Macrozona Sur. El martes, desconocidos atacaron con armas de fuego un furgón que transportaba a trabajadores forestales en Lumaco, región de La Araucanía. Producto de los impactos de bala que atravesaron el vehículo, dos pasajeros resultaron con lesiones de carácter grave. En tanto, el 1 de abril se registró un ataque incendiario en Contulmo, región del Biobío, que terminó con 15 viviendas quemadas. Tras el hecho, días después desde el gobierno anunciaron que interpondrá una querella por lo ocurrido.
En su exposición en el hemiciclo, la jefa de gabinete presentó un diagnóstico elaborado por el gobierno en el cual plantean que el actual “conflicto” tiene “raíces políticas”, que los índices de pobreza, desigualdad e ineficiencia del Estado son “catalizadores de violencia”, y que la “gravedad de la crisis” obliga un esfuerzo de todo el Estado, junto con apoyo internacional, para cambiar “esta tendencia”.
Frente a ese escenario, Siches reveló que desde la actual administración han estudiado los modelos desarrollados en países como Canadá, Nueva Zelanda y Colombia para elaborar una estrategia que -en base a la experiencia internacional- pueda ser implementada como una solución. Lo que, según explicó, se concretó en un plan que contiene cinco pilares y que presentó durante la sesión especial.
La creación de una Comisión de la verdad y el esclarecimiento histórico en un conflicto intercultural.
La implementación de parlamentos y diálogos territoriales.
Mejorar la entrega de tierras y, por ende, la activación de la Conadi.
La activación del Estado mediante un trabajo interministerial hacia el territorio.
El desarrollo de medidas de seguridad.
El 26 de marzo, tras diez prórrogas y cinco meses de vigencia, finalizó el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que fue decretado en la Macrozona Sur por el expresidente Sebastián Piñera, en octubre del año pasado. La medida fue declarada por “grave alteración del orden público” y entregaba facultades especiales a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar la labor de las policías desplegadas en el territorio. Sin embargo, el gobierno de Boric estimó no continuar con su vigencia.
