Las Cascadas, mágica localidad de la comuna de Puerto Octay, en la región de Los Lagos, hogar de más de 2.000 personas que por más de 70 años han labrado la tierra que los ha acogido en su seno, con el apoyo de la Fundación Internacional “Peace for Development” demandará al Estado de Chile, por una injusticia histórica, que los ha mantenido durante décadas en la imposibilidad de ser dueños de la tierra que habitan.
Se trata de más de 500 familias que durante generaciones, pese a tener en este fértil suelo sus raíces, a fecha de hoy no tienen los títulos de dominio sobre sus terrenos.
¿El motivo? La negativa del Ministerio de Bienes Nacionales (otrora, el Ministerio de Tierras y Colonización) en regularizar su tenencia de la tierra. Se alude a que se trata de una zona de alto riesgo volcánico, cuestión que no es de desconocer, pero que al igual que otras 58 comunas de nuestro país, comparten el mismo riesgo. No se debe olvidar, que nuestra patria es por antonomasia un país de riesgo, expuesto a la indómita naturaleza que hace de Chile un lugar digno de visitar, con sus más de 2.900 volcanes (92 activos), atractivo turístico que dibuja en nuestro territorio zonas de inconmensurable belleza escénica.
Además, se esgrime que los terrenos del pueblo de Las Cascadas no respetarían la subdivisión predial mínima de la media hectárea. Segundo argumento que no se sostiene, si consideramos que fue el mismo Ministerio de Bienes Nacionales el organismo que, con el afán de poblar la zona, asignaría los sitios y entregaría actas de radicación (permiso de ocupación legal de terrenos fiscales) ya en 1991.
Lo más deplorable, es que nada más cruzar la calle que divide al pueblo del balneario de la localidad, nos encontramos con una clara discriminación arbitraria, en cuanto, 76 de los 83 terrenos del balneario tienen sus títulos de dominio, estando expuestos a exactamente el mismo riesgo lahárico a los faldeos del volcán Osorno y sin respetar la subdivisión de los 5.000 metros. No existe raciocinio ni fundamento que lo explique.
Pero la inconsistencia del Ministerio de Bienes Nacionales no solo se produce entre los habitantes del pueblo de Las Cascadas y su balneario, sino que, dentro de este último, también encontramos 7 familias que han sido vulneradas en su derecho al acceso a la tierra y a la igualdad ante la ley durante todos estos años, muchas de las cuales han decidido igualmente optar por la vía judicial para poner freno al menoscabo de sus derechos.
Esta lamentable situación no es exclusiva de nuestro país, sino que se trata de una problemática que aqueja a todo el continente Latinoamericano. Recientemente visitamos el bien denominado Muro de la Vergüenza limeño, en la capital del Perú, un artefacto político de discriminación que divide a la zona más acaudalada de Casuarinas (distrito de Surco) con mansiones de más de 3.000 m2 del asentamiento humano de Pamplona Alta (distrito de San Juan de Miraflores), donde las chabolas no alcanzan los 15 m2 y carecen de servicios tan básicos como el agua potable.
De un lado del macizo muro de cemento, encontramos una comunidad cerrada, vigilada 24/7 con sofisticados sistemas de control de identidad, en aras a proteger un determinado estatus de vida. Del otro lado de la barrera, los hogares son construidos gracias a la genialidad de los pamploninos con precarios materiales sobre pisos de tierra, barro y polvo y arropadas con techos que no protegen de la hostilidad del clima.
Al igual que en Las Cascadas, el Estado peruano ha concedido “constancias de posesión” (equivalentes a las actas de radicación en Chile) con el afán de regularizar la ocupación histórica de los morros sobre los cuales se cierne el Muro de la Vergüenza peruano. La reivindicación de una prerrogativa tan básica como el derecho a una vivienda adecuada, genera en estos dos poblados una hermandad innegable y, si bien, en la República del Perú existe un muro físico de desigualdad, en Las Cascadas, esta barrera es tácita e inmaterial, pero no por ello, menos censurable.
Es de esperar que los gobiernos de ambos países hermanos cumplan con las directrices establecidas por las Naciones Unidas en el Acuerdo de Estambul sobre Asentamientos Precarios en 1996 (Programa Hábitat) y procedan de oficio a respetar, proteger y garantizar el contenido mínimo de la dignidad humana de los cascadinos y pamploninos, relegados al olvido al punto de reducirlos a una criminalidad inmerecida. De lo contrario, tendrán que ser los tribunales de justicia los que remedien y reviertan la victimización de la que son objeto desde hace ya más de lustros.
Isidora J. Ramírez Garmendia
Abogada doctora en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional
