Vivimos en un país intenso, de pies fríos y testa ardiente, con la Cordillera de Los Andes como espina dorsal y cuyas costas son regadas por un bravío océano que, de “pacífico” no tiene más que el nombre. Se trata de un lugar único en el mundo, donde la naturaleza no es solo omnipresente, sino majestuosa, excelsa y soberana.
Chile, país de riesgo por antonomasia, cuna y horizonte de la falla Liquiñe-Ofqui que nace de la triple unión de las placas Sudamericana, de Nazca y Antártica, con 92 volcanes activos, 83.000 kms de costa expuesta a tsunamis, con más de 8.099 islas e islotes aventurados a desaparecer por el derretimiento de los polos y con un sinnúmero de asentamientos humanos vulnerables frente al peligro de remociones en masa.
El paso de los años nos ha enseñado a ser humildes y conscientes de nuestro verdadero lugar y posición en la Tierra, a la vez que nuestro territorio nos recuerda a diario que la Pachamama es una anciana de 4.500 millones de años y nosotros, insignificantes Homo Sapiens, unos recién nacidos de apenas 2 millones de años. Hablar de chilenidad es hablar de esfuerzo, de resiliencia y perseverancia.
Episodios como el recientemente conmemorado Gran Terremoto del 60’ en Valdivia (el más potente registrado en la Historia con un 9,5º en la escala de Richter), la erupción volcánica del Chaitén en 2008 en la comuna epónima o el reciente aluvión acaecido en el sector de El Amarillo el pasado 16 de mayo, dan cuenta de una realidad país insuperable y probablemente sempiterna, cual es, nuestra esencia como país de riesgo. Pero, en el relato de los hechos cabe ser minuciosos y no confundir la naturaleza de una cosa, con sus consecuencias. En este sentido, si bien no podemos impedir el riesgo, sí podemos evitar que una catástrofe devenga en un desastre natural. ¿Pero cómo hacerlo?
En palabras del Director Nacional de SERNAGEOMIN, Alfonso Domeyko, “transformando la actual lógica reactiva en una donde la prevención sea el foco”. Para ello, el abogado experto en Derecho regulatorio, considera imperativo “atender, gestionar y reducir los factores subyacentes de riesgo, ya que es más eficiente invertir en gestionar el riesgo de forma prospectiva que tener que gastar en respuestas post-desastres y recuperación”.
En el mismo sentido, Kristalina Georgieva, ex directora general del Banco Mundial, señala que por cada 1 USD invertido en prevención se ahorran 16 USD en emergencia. Por ende, invertir en medidas de prevención y mitigación de riesgo resulta una sabia decisión política en un país como el nuestro, con una frecuencia de emergencia de 3.5, lo que equivale a decir que trimestralmente vivimos algún tipo de calamidad. No por menos, la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastres de Naciones Unidas (UNISDR) ha catalogado a nuestro país dentro del top-ten de los Estados con mayor gasto por desastres naturales dentro de los últimos 20 años, lastimoso título nobiliario del cual Chile puede y debe despojarse.
Vistas estas cifras, la tendencia internacional llama a políticas de inversión tanto para reducir los riesgos existentes, como para prevenir los futuros, sean de origen natural o antropogénico. En efecto, desde el prisma del Derecho Internacional, el Marco Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030 recoge el principio de la responsabilidad primordial del Estado, incoando a los gobiernos a centrar sus esfuerzos en la gestión del riesgo desde una aproximación integral al concepto, para lo cual se hace indispensable abordar los factores subyacentes del mismo, tales como la pobreza y desigualdad, el cambio climático y la variabilidad del clima, la urbanización rápida y no planificada, la gestión inadecuada de las tierras y factores agravantes como los cambios demográficos, los arreglos institucionales deficientes, las políticas formuladas sin conocimiento de los riesgos, la falta de regulación e incentivos para inversiones privadas y las pandemias, entre otros.
En un estado de excepción constitucional de catástrofe como el actual cabe preguntarse, ¿cuáles serían las consecuencias ante un eventual incendio forestal o sismo de envergadura a fecha de hoy? ¿Imaginan el dantesco panorama de saturación hospitalaria que resultaría de la miscelánea SARS COVID-19 más centenares de personas internadas con quemaduras necesitadas de máquinas respiratorias? ¿Cómo enfrentaría Chile los aproximados 4.000 casos COVID diarios de los cuales un 15% requieren hospitalización sumado a un eventual evento sísmico? ¿Estaríamos a la altura de la situación?
Nunca antes fue más atingente el extendido aforismo frankliano que reza “más vale prevenir que lamentar”. Los Estados tienen el deber de abordar la indeseada, pero necesaria relación del binomio “zonas riesgo-asentamientos humanos”. La omisión o indiferencia estatal en este asunto podría eventualmente importar la responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Por ende, no se debe hacer ojos ciegos a una realidad fáctica, cual es que gran parte de nuestra población está emplazada en zonas de riesgo. Es cosa de tomarse unas vacaciones en San Pedro de Atacama (el desierto más árido del mundo), subir a esquiar al Villarrica (volcán nº 1 en el Nuevo Ranking de Riesgo Específico de Volcanes Activos de SERNAGEOMIN) o aventurarse 20 horas de navegación al sur Quellón en dirección a Isla Gala (presta a desaparecer con la subida del nivel del mar) para darse cuenta, que por donde se le mire, de norte a sur, de este a oeste, el riesgo es parte de nuestra identidad como nación.
Pero no todo son lamentos, pues al hablar de riesgo nuestra República es un feliz ejemplo de resiliencia en la arena internacional. Sin ánimos de soberbia, podemos congratularnos de la manera en que Chile ha sabido prepararse y responder ante la amenaza telúrica. Un terremoto como el del 27-F en 2010 probablemente se habría cobrado muchas más de las casi 500.000 viviendas destrozadas en un país sin la exigente normativa en construcción como la nuestra. Lo que es más grave, de acaecer en un país sin los estándares mínimos de protección como los de nuestra institucionalidad, seguramente el saldo de vidas habría sido mucho mayor al de las 156 personas que lamentablemente fallecieron hace 10 años. Es cosa de ver como el terremoto de tan solo 5.1º en la escala de Richter en Lorca (España) provocó daños en un 80% de las viviendas y dejó a 324 personas heridas. El mismo orgullo de pertenencia nos debiera imbuir el hecho de liderar la mayor red de vigilancia volcánica del mundo, gracias al monitoreo 24/7 de más de 45 volcanes que lleva a cabo el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) en la Región de La Araucanía.
Aun cuando queda un largo camino por recorrer, a la fecha están en fase de ejecución diversas iniciativas que auguran posicionar a Chile como un referente mundial en gestión de riesgo. En particular destaca la propuesta municipal liderada por María Elena Ojeda, Alcaldesa de Puerto Octay, quien con el apoyo de Bienes Nacionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), ha tomado la progresista determinación de velar en forma activa y responsable por el equilibrio en la ponderación de dos bienes jurídicamente protegibles, a decir, la integridad física y el desarrollo sostenible de casi 2.000 habitantes de la comuna que habitan en Las Cascadas, localidad seriamente amenazada por estar situada a los pies del sexto volcán más peligroso de Chile; el Peripillán, más conocido como volcán Osorno.
Para ello, la entidad edilicia postuló a fondos de SUBDERE para el diseño de un Plan de Prevención y Mitigación de Riesgo (Plan PREMIR) avaluado en $170.000.000.-, que vendría a beneficiar a un universo de 393 familias de la localidad de Las Cascadas. Dicho Plan a ser desarrollado por una tríada de consultoras de reconocido prestigio (las consultoras Geotest, Xterrae y Ámbito) se perfila como un proyecto colaborativo inédito, combinando la expertis de cada una de las entidades asesoras para la consecución de una propuesta de acción multiamenaza frente al riesgo volcánico y ante procesos hídricos, como el desborde del Río Blanco que en enero de 2017 azotó a la localidad. El objeto del Plan es arrojar medidas ingenieriles, organizacionales y funcionales concretas, mejorando los sistemas de alarma y trabajando directamente en el fortalecimiento de la gobernanza local de la mano del municipio, la Agrupación de Emergencia de Las Cascadas y otras organizaciones de la sociedad civil.
Al tratarse de una zona de indudable riesgo la idea es atajar el crecimiento no planificado de la localidad por medio de adecuados instrumentos de planificación territorial (IPT), siendo una excelente noticia el desarrollo de un Plan Interregulador Comunal por parte del MINVU que contempla a Las Cascadas dentro de su radio de acción, cuya carta Gantt prevé un periodo de ejecución de 3 años más. No obstante, ha de tenerse en cuenta que los IPT miran eminentemente a futuro, siendo al mismo tiempo imperativo, abordar situaciones de irregularidad que se arrastran desde el pasado. En este caso concreto, ello implica sanear el statu quo de irregularidad de los vecinos que por más de 70 años han habitado el sector y que a fecha de hoy, carecen de títulos de dominio, permaneciendo así todo el abanico lahárico donde se emplaza el poblado en manos del Fisco. Ello representa un freno al desarrollo sostenible de la comuna, toda vez que la precariedad en la tenencia de la tierra prolonga una indeseable situación jurídica de incertidumbre para quienes han labrado estas tierras durante décadas, los actuales descendiente de quienes poblaron estos fértiles meridianos a comienzos del siglo pasado.
Producto de lo anterior, los vecinos no pueden postular a ningún tipo de ayuda social, como subsidios habitacionales o fondos para emprendimientos. Lo que es más, la catalogación como zona de riesgo (si bien, no vinculante) inhibe en la práctica todo tipo de inversión pública en el sector, lo que no se condice con las necesidades básicas de un pueblo que año a año crece demográficamente y se hace más turístico. En efecto, los atractivos paisajísticos del sector, que van desde un salto de agua de 50 metros a extensas playas de arena negra ad portas del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (primero en ser declarado como tal en 1926), siempre bajo la vigilancia imponente del volcán Osorno, hacen que este pueblo una de las joyas de la comuna. No por menos forma parte integral de la “Ruta Escénica de Lagos y Volcanes”, cuarto destino turístico de Chile. Vemos así el eclecticismo o principio de oxímoron que emana de la naturaleza de los volcanes; enemigos por una parte, mejores amigos por otra.
Ante esta situación resulta loable la voluntad y seriedad que ha manifestado el actual gobierno en su compromiso con esta comunidad octayina. Tras la visita en terreno del ex Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward e incluso del Ministro actual, don Julio Isamit y, tras sostener varias reuniones interministeriales con esta cartera a la cabeza, se acordó una mesa de trabajo multidisciplinaria para abordar el tema del riesgo y poder mejorar las condiciones de la tenencia de la tierra de los vecinos con ocupación histórica en el sector.
Se trata de una epopéyica tarea que, como toda gran hazaña, no prevé resultados inmediatos, sino a largo plazo. Recordemos que “Roma no se construyó en un día”. Del mismo modo, antes de entrar a hablar acerca de la posibilidad de regularizar la ocupación de estas tierras fiscales, lo primero que exige una decisión política razonable y diligente, es entrar a reducir el riesgo al que se ven expuestas las casi cuatrocientas familias que viven en pleno abanico lahárico y a diseñar medidas para prevenir riesgos futuros. En ello radica la importancia del Plan PREMIR, que se erige como un proyecto piloto potencialmente replicable en las otras 57 comunas de nuestro país que, como Puerto Octay, se encuentran bajo la espada de Damocles de alguno que otro volcán activo.
Ante esta realidad país, desde el municipio se trabaja mediante una modalidad bottom-up en una propuesta de convenio para la creación de una Asociación de Municipalidades por el Riesgo Volcánico, asomándose así una oportunidad “única, grande y nuestra”, cual es, situar a Chile como un referente mundial en la gestión de riesgo volcánico bajo la consigna de “aprender a convivir con el riesgo”.
En tiempos de pandemia y, atendiendo a sus orígenes, nunca ha sido más relevante la significancia de la palabra china para <crisis>, esto es, weiji, donde ‘wei’ equivale a problema y ‘ji’ a oportunidad. Compatriotas, transformemos lo que banalmente se percibe como un problema, en una oportunidad para Chile. Somos un país de riesgo por esencia, y como toda propiedad identitaria, el riesgo nos es inalienable. Eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar como abordamos esta realidad. Como dice mi madre, “no se puede nadar contra la corriente, pero sí se puede elegir por qué orilla del río dejarse llevar”. En este sentido, con dos pies sobre la tierra y con la diligencia de un buen padre de familia, aceptemos nuestra naturaleza de país de riesgo, alejándonos de todo atisbo de indolencia o inacción, optando por inclinarnos hacia la orilla de una cultura activa y preventiva en materia de riesgo, teniendo siempre en consideración que si es por erradicar el riesgo, el mundo feliz de Huxley pareciera un buen lugar para vivir.
